La Asamblea Nacional (AN) inició la jornada de Consulta Pública Nacional del Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, convocatoria anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez y cuenta con la participación de representantes del Ejecutivo, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, el Cuerpo de Policía Nacional Anticorrupción, entre otros.
De acuerdo a una publicación en la cuenta de la red social Twitter de la Asamblea Nacional @Asamblea_Ven, se pudo conocer que la consulta se llevó a cabo desde el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo donde los diputados acordaron una metodología que será aplicada en dos meses de trabajo, un buzón para introducir las recomendaciones y un instructivo para recoger las propuestas de las instituciones del Estado y del pueblo venezolano.
En este sentido, el diputado Jesús Faría destacó que son las fuerzas revolucionarias “las que han asumido la defensa de la Patria en todos los escenarios que se han presentado durante estos 24 años”.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, diputado Julio García Zerpa indicó que “la consulta de esta ley tiene fundamento en la protección y resguardo de los activos de la República, activos despojados que ascienden a más de siete mil millones de dólares. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que estamos avanzando en su discusión de manera urgente y prontamente será aprobada”.
Para esta consulta se nombró una comisión mixta que estará presidida por el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, diputado Diosdado Cabello, así como los parlamentarios: Ilenia Medina, Oriana Lucia Osio Noblott, Julio García Zerpa, Timoteo Zambrano, Roy Daza, Jesús Faría, Ramón Lobo, y Oscar Rondero Rangel.
El proyecto de ley contiene dos capítulos y 11 artículos, y su objeto es proteger los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades, ubicados en el extranjero, frente a cualquier acto de enajenación o disposición por parte de personas que de manera ilegal pretendan usurparlas.
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